La educación tiene un papel decisivo como eje vertebrador y transformador para construir una realidad social, justa e igualitaria.

Hay un Sistema Educativo público, democrático y de calidad donde los procesos educativos estén centrados en la persona, a fin de atender todas las etapas de su desarrollo. Con una educación pública universal, laica, catalana y de calidad como servicio público constructor de ciudadanía, que trabaja para la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta los factores de cooperación y de coeducación, para que transformen la concepción mercantilista de nuestra sociedad.

Los centros educativos y las universidades públicas deben depender económicamente,
laboralmente y normativamente de la Generalitat, con el fin de evitar las desigualdades entre los diferentes municipios. Y establecer elementos de colaboración en la planificación de los servicios complementarios con municipios y consejos comarcales. De manera que la gestión del Ayuntamiento facilite la integración de las diferentes realidades sociales locales, con
competencias sobre planificación, enseñanzas no regladas y educación en el ocio.

La administración local debe tener una participación relevante en todas las etapas educativas, especialmente en aquellas que requieren de un elemento importante de proximidad, con la supervisión de la Generalidad que debe velar por la igualdad de oportunidades.

La situación de desigualdad entre los centros de titularidad pública y el centros privados concertados aumenta la discriminación educativa y la segregación. Motivo por el que se debería reducir progresivamente los conciertos escolares en los centros privados y potenciar la titularidad pública.

Favorecer la participación de la ciudadanía, considerando que es una aportación que puede enriquecer la calidad del servicio educativo, fomentando la existencia de vínculos comunicativos bidireccionales entre ambas.

Priorizar los recursos a favor de los servicios educativos y servicios sociales en general, que favorezcan el desarrollo de una educación pública.

PROPUESTAS

ETAPA 0-3 AÑOS

Los niños tienen derechos sociales, entre ellos el derecho a la educación, un derecho que el Gobierno debe garantizar de acuerdo con los principios establecidos por la Convención de los derechos del Niño.

La educación y el acceso a las guarderías debe ser un derecho del Niño con una función integradora y socializadora.

Los servicios orientados a la infancia han sido y aún lo son uno de los sectores más golpeados por la crisis y donde más se han reducido las inversiones. Este hecho dificulta la incorporación de la mujer al mundo laboral e incrementa el peligro de aumentar el riesgo de pobreza y exclusión social de las familias.

En ningún caso se podrá ceder la gestión de los centros públicos a entidades privadas. Por lo tanto, habrá que iniciar el proceso de transferencia de gestión privada en el Ayuntamiento.

Actualmente la gestión de las escuelas infantiles de titularidad municipal recae en la Fundación de la red sanitaria y social Santa Tecla y la empresa del Sr. Florentino Pérez.

Hay que garantizar plazas de guardería sobre todo en las zonas donde la crisis ha afectado más a las familias, con cuotas asumibles por aquellas familias que más lo necesitan. Los criterios de calidad, la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social y la adecuación a las necesidades reales de la ciudadanía deben formar parte de los proyectos de creación de nuevas plazas.

Actualmente el hecho de que las familias no puedan asumir las cuotas impide su acceso a este servicio público.

Hay que velar por el cumplimiento de los acuerdos en materia presupuestaria aprobados por el Parlamento de Cataluña en relación a las partidas finalistas destinadas a las guarderías de gestión municipal.

El Departamento de Enseñanza ha ido reduciendo la aportación anual de una plaza pública para niño pasando de 1800 euros anuales en 2010, a 875 euros en el año 2014, hasta el extremo de no contemplar ninguna partida presupuestaria 2015 .

ETAPA 3-16 AÑOS

Hay una distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas específicas, que permita la integración, facilite la cohesión social y favorezca una calidad educativa adecuada para toda la población escolar, en el marco de las previsiones de este Decreto y de las funciones atribuidas a las comisiones de escolarización.

Si se continúa con esta política educativa de segregación del alumnado se perpetúa la desigualdad social.

Hay un Mapa Escolar que recoja las necesidades por zonas para reequilibrar la oferta pública en el municipio.

No destinar recursos a la construcción de nuevas aulas, y aprovechar los recursos existentes (aulas ya construidas).