Todo espacio público es, por definición, un recurso compartido. Y es en relación con estos espacios comunes donde entran en juego las ideas de convivencia y también de civismo. La convivencia implica vivir juntos en armonía. Y el civismo presupone tener siempre presentes los derechos y los intereses de las personas con las que compartimos los espacios urbanos donde es posible una gran multiplicidades de usos alternativos dependientes de variables diversas (generacionales, económicas, culturales, etcétera).

La convivencia en armonía presupone siempre la existencia de unos determinados márgenes de tolerancia. Estos márgenes deben ser lo suficientemente anchos como para facilitar y promover la resolución de los conflictos mediante el diálogo. No compartimos la opinión de quien pretende depositar la responsabilidad de la convivencia principalmente o exclusivamente en las ordenanzas. En particular cuando -desde una óptica eminentemente conservadora- otorgan al espacio público un uso predeterminado fuera del cual sólo caben las sanciones, los precios o bien las tasas. La ciudadanía debe disponer de márgenes para el diálogo. Y la administración pública debe facilitar la existencia de estos márgenes, teniendo presente que el respeto mutuo no es algo que se pueda codificar, como tampoco pueden ser predeterminados los posibles usos alternativos del espacio público.

Obviamente, siempre serán necesarios ordenanzas reguladoras que diferencien entre lo que es un derecho -como por ejemplo, el derecho al descanso o el derecho al tiempo libre- y lo que puede ser claramente considerado un interés -como, por ejemplo, la explotación de un negocio. Está claro que en las sociedades democráticas, los derechos y los intereses no son merecedores de igual protección de parte de los poderes públicos. Así, por un lado, las ordenanzas deben servir para proteger y promover el ejercicio de los derechos de las personas. Y por otro, deben ser útiles, es decir, eficaces- en la regulación de sus intereses. Deben prever el posible surgimiento de contradicciones, que no deben verse como un problema sino como una oportunidad para la búsqueda de soluciones imaginativas y provechosas.

Sobre la base de estos principios, creemos necesaria una revisión en profundidad de la actual Ordenanza general de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos de Tarragona, que se plantee como objetivo reducir al mínimo su actual grado (excesivo) de intervencionismo administrativo sobre las relaciones ciudadanas. Los objetivos de referencia para esta profunda revisión deberán ser:

Evitar una burocratización excesiva de las relaciones ciudadanas, a fin de promover y facilitar el surgimiento de formas creativas e imaginativas de resolución de los conflictos entre las personas que hacen uso del espacio público (los vecinos y las vecinas, así como las personas visitantes) .
Evitar la restricción de la idea de utilización legítima del espacio público a aquellas funcionalidades predeterminadas que hayan sido preconcebidas sólo desde los despachos funcionariales, facilitando en cambio la participación de las entidades ciudadanas en la determinación de lo que deba ser considerado un uso y · legítimo o inadecuado.
Reducir la responsabilidad de la Guardia Urbana -en particular, la sancionadora- sobre la regulación de los espacios de convivencia, con el fin de abrir canales de interlocución y crear espacios de diálogo.
Establecer una diferenciación clara y razonada entre los derechos y los intereses de las personas, a fin de proteger y fomentar el ejercicio de los derechos reconocidos y regular las contradicciones entre los intereses legítimos.
Evitar que las ordenanzas prevean sanciones para el ejercicio de derechos legítimos, como es el caso de la libertad de expresión. Las asociaciones y las personas individuales deben disponer de espacios adecuados para ejercer estos derechos (carteleras, en el caso de la libertad de expresión). Ante su inexistencia o su insuficiencia, no es en absoluto aceptable desde un punto de vista democrático- que las personas sean tachadas de incívicas y sancionadas por la utilización de espacios alternativos.
Evitar que las ordenanzas pongan implícitamente precio a la utilización del espacio público, tratando de igual manera las personas físicas y las personas jurídicas -en particular, las empresas privadas- imponiendo barreras económicas para su uso legítimo.

Planteamos la necesidad de abrir un debate ciudadano, ancho y abierto, sobre estas y otras cuestiones relativas al espacio público, la convivencia y el civismo. Es necesario que la redacción de una nueva Ordenanza general de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos de Tarragona tenga lugar en el marco de un amplio proceso participativo que dé voz a la gente.

Es democráticamente inaceptable que la ciudadanía se vea sometida a la regulación de su convivencia desde arriba, sin haber participado de manera plena y responsable en un proceso de estas características.