Hace años que los diferentes gobiernos anuncian que estamos saliendo de la crisis económica y social, pero la ciudadanía está viviendo todo lo contrario. Sigue la inestabilidad laboral y el desempleo, crece la pobreza, el número de personas sin techo, cierran multitud de comercios y empezamos a tener un grave problema de desnutrición infantil. Cada vez más familias tienen que enfrentar situaciones económicas muy complicadas y en muchos casos no encuentran ningún apoyo por parte de la administración pública.

Nos encontramos ante un momento de emergencia humanitaria: los niveles de pobreza y de desigualdad son muy elevados y con tendencia creciente. Mientras una parte de la población es cada vez más rica, la cuarta parte de la población infantil de Cataluña está viviendo bajo el umbral de la pobreza y el 22% de los hogares se sustentan con una pensión.

La difícil situación económica es generalizada: traspasa clases sociales, género, nacionalidades, situación geográfica y sectores económicos. El riesgo de pobreza se ha extendido en los hogares que hace pocos años constituían la clase media, y, de hecho, es difícil encontrar una familia en nuestra ciudad que no tenga uno o más miembros sufriendo las consecuencias de la situación económica y laboral .

Tarragona, además, ha tenido la mayor tasa de paro de Cataluña, y actualmente encontramos un porcentaje por encima del 23,12%. Y, lo que es más alarmante, tener trabajo no asegura salir de la pobreza: el salario mínimo interprofesional es de 648,60 €, insuficiente para vivir dignamente si tenemos en cuenta el coste actual de la vida. Además, gran parte de los trabajadores lo son de manera precaria, con trabajos temporales y con gran inseguridad laboral. Aumentan las personas que se ven obligadas a trabajar sin contrato, y, por tanto, sin derechos laborales, así como las personas que se ven obligadas a aceptar condiciones laborales muy duras y en muchos casos, ilegales. También observamos como el género sigue siendo un elemento discriminatorio en el acceso y mantenimiento en el mercado laboral, así como un determinante del salario (a finales de 2014 la brecha salarial en Cataluña era del 19%).

El paro es especialmente dramático en los trabajadores más jóvenes. El último año cerró con una tercera parte de los catalanes de entre 16 y 29 años en paro, dato que se agrava si tomamos el grupo de edad más joven, donde encontramos el 61,4%. Esto tiene como consecuencia las altas tasas de emigración entre los jóvenes más preparados o la imposibilidad entre muchos de ellos de emanciparse.

La situación del mercado laboral, así como la falta de herramientas de apoyo a la ciudadanía para hacer frente a sus consecuencias, ha llevado a muchos de nuestros vecinos y vecinas a dramáticas situaciones de pobreza y exclusión. Como muestra, actualmente uno solo de los comedores de Tarragona ofrece 60 menús diarios y las atenciones anuales de la Unidad de Emergencia Social de la Cruz Roja a personas sin techo en Tarragona han pasado de 99 a 274 en dos años.

En los últimos años hemos vivido la complicidad de los poderes públicos en cientos de desahucios en Tarragona, ante los que la sociedad civil ha sido la única capaz de dar respuesta a las familias abocadas a esta dramática situación, apoyándolos y apoderándose en la defensa de su dignidad.

La política de liberalización del sector energético y la continua subida y revisión de los precios provoca que muchas personas no puedan costearse estos servicios, y sufran pobreza energética. En el último año, la Cruz Roja ha visto necesario incorporar los servicios de ducha, cocina o lavadora por una población creciente de personas que sufren estas situaciones.

Observamos, además, como son las poblaciones más vulnerables las más afectadas por la crisis: 39.000 jubilados de la demarcación de Tarragona reciben unas pensiones por debajo del umbral de la pobreza, sufrimos una feminización creciente de la pobreza, a la vez que vivimos un constante aumento de los casos de malnutrición infantil. También es en los barrios más populares donde encontramos una mayor incidencia de la exclusión social y la pobreza.
 
Frente ello, defendemos combatir la precariedad laboral y la pobreza en Tarragona desde una perspectiva comunitaria y a través de una intervención en red, partiendo de la defensa de los derechos sociales y de la dignidad de las personas. Los gobiernos de corte neoliberal existentes en la ciudad no han tenido en cuenta que prácticas como la poca consideración a las demandas vecinales o la promoción de las grandes superficies comerciales frente el comercio de proximidad agravan el problema social de la precariedad, la pobreza y la exclusión social, ya que contribuyen a deshacer las redes de solidaridad ciudadanas que en muchos casos son un importante apoyo para las personas afectadas.

Queremos un Ayuntamiento que trabaje por una ciudad donde las personas estén por encima de los intereses económicos y se potencie la cooperación en lugar de la competencia en el mercado laboral. Una ciudad donde se luche por tener un tejido empresarial comprometido con la ciudad, donde la ética en su trato a los trabajadores y el respeto al entorno sean valores fundamentales.

Rechazamos una perspectiva mercantilizadores de la ciudadanía, que reduce los ciudadanos trabajadores. Perspectiva especialmente presente en el trato a la población inmigrada, que es entendida únicamente como mano de obra barata. Esto ha llevado al sobredimensionamiento y la problematización de la presencia de ciudadanos extranjeros, utilizando discursos xenófobos que sólo sirven para erosionar la convivencia entre las vecinas de Tarragona.

Ante esta situación, planteamos medidas concretas para mejorar la situación a nivel local, pero sin perder una visión global. Somos conscientes de la importante influencia de los gobiernos supramunicipales en la gestión del mercado de trabajo y la pobreza, y nos mostramos partidarios de medidas rupturistas y contundentes de mejora de la situación económica a nivel estatal y europea. En concreto, apostamos por la implantación de la Renta Básica Universal, que tendría efectos inmediatos en la mejora de la situación económica de la población y permitiría que el derecho a la vida digna se desvinculara de la situación del mercado laboral.